Universidades, mentiras y políticas públicas

A los asociados no se les paga un salario, solo una gratificación, entre 200 y 600 euros por realizar entre el 40% y el 70% de la carga lectiva de un profesor a tiempo completo

El Ministerio de Universidades está elaborando un nuevo Estatuto para el personal Docente e Investigador (PDI) universitario, un mecanismo público que puede dotar de estabilidad socio-laboral y de trayectoria profesional a gran parte de la comunidad universitaria. Uno de los puntos críticos en la negociación del nuevo estatuto está en la figura del profesorado asociado. En el origen del conflicto, se encuentra la respuesta que dieron las universidades españolas a la crisis económica y a la falta de capacidad para reponer los puestos de trabajo debido a un decreto del ministro José Ignacio Wert. En 2012, unas universidades redujeron su oferta docente y adaptaron sus plantillas y otras, la mayoría, aumentaron la oferta formativa para incrementar los ingresos sin importunar al profesorado estable gracias a la oportunidad que les ofrecía una figura universitaria, el profesorado asociado.

La definición del profesorado asociado en la Ley de 2001 era y es el sueño de todo directivo pues es una figura docente que puede ser contratada temporalmente en periodos de 3, 6 y 12 meses, durante 5, 10 o 15 o 30 años, sin necesidad de despedir ni de motivar su no renovación, sin avisar con 15 días de antelación y sin finiquito. Aún más: no se les paga un salario, solo una gratificación, entre 200 y 600 euros por realizar entre el 40% y el 70% de la carga lectiva de un profesor a tiempo completo. El uso de esta figura universitaria ha sido fraudulenta y no inadecuada como se muestra en el borrador del estatuto. Y no se reconoce el fraude, para no asumir la deuda que tienen las universidades con los más de 30.000 profesoras y profesores asociados. Así, la solución pasará por ser judicial, por llevar a los tribunales tanto la contratación temporal sucesiva del profesorado asociado como las Relaciones de Puestos de Trabajos (RPT) universitarias.

Fuente: El País

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